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LOS JUEGOS PROHIBIDOS
Criminalización del juego durante la Colonia y los primeros años de la República en Colombia

Andrés Felipe Pabón Lara
Abogado de la Universidad Libre de Colombia, Magister en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Doctorando en Historia en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, Argentina.
andresfelipe.pabon@gmail.com

Mesa de Jugadores de Naipe

El sistema de gobierno desarrollado por la Corona ibérica durante la época colonial se caracterizó por las instancias de dominación política y la explotación económica, además por el estricto control sobre las actividades y los comportamientos de sus súbditos, en tanto aseguraba una mejor administración y la estabilidad del régimen. La pretensión por ordenar y controlar se desplegaba socialmente a través de un sinnúmero de textos normativos cuya extensa proliferación no hacía más que reforzar la búsqueda del sometimiento y la consolidación de un orden jerarquizado. En tal contexto, las normas de carácter criminal constituyeron una de las principales herramientas para ejercer la intervención sobre los habitantes del Nuevo Mundo, y así se elaboró un esquema de tipificación criminal tan extenso como puntilloso, dentro del cual el disciplinamiento de los individuos se instauró como fundamento del orden social a través de la amenaza y el castigo propios del sistema penal.

Un análisis detallado de algunas de las conductas criminalizadas muestra ese carácter impositivo del régimen, en tanto terminaban tipificándose costumbres sociales que sólo podían atentar contra la concepción del orden que la monarquía deseaba mantener. Dentro de dicha concepción, se enfiló la persecución del juego como una costumbre, hábito o vicio, "sumamente perjudicial" para toda la sociedad. Se argumentaba que la dedicación al juego separaba al hombre de sus deberes y obligaciones, principalmente familiares, ya que lograba no sólo que los individuos destinaran el tiempo que debían estar en sus hogares a la ejecución de distintos tipos de juego, sino que malgastaran el dinero que debía solventar la manutención de toda una familia. La idea de defensa de la familia se articuló a la persecución de este "vicio" haciendo que fueran no sólo imprescindibles sino muy loables todas las medidas que se encaminaban a su proscripción. En seguimiento de estos principios, la normatividad colonial estableció aquellos juegos que debían reputarse por prohibidos, como los de dados y naipes. Señaló multas, de acuerdo al grado de reincidencia, como la pena principal para este crimen. En 1771 Carlos III promulgó una norma en la que, relacionando distintos tipos de los llamados juegos de mesa con "gravísimos perjuicios a la causa pública, desordenes y disturbios", decretaba:

1º. Prohíbo, que las personas estantes en estos reynos, de qualquier calidad y condición que sean, jueguen, tengan o permitan en sus casas los juegos de banca ó faraón, baceta, cartera, banca fallida, sacanete, parar, treinta y cuarenta, cacho, flor, quince, treinta y una envidada, ni otros qualesquiera de naypes que sean de suerte y azar, ó que se jueguen a envite, aunque sean de otra clase, y no vayan aquí especificados; como también los juegos del birbis, oca ó auca, dados, tablas, azares y chuecas, bolillo, trompico, palo o instrumento de hueso, madera o metal, ó de otra manera alguna que tenga encuentros, azares ó reparos; como también el de tabla, cubiletes, dedales, nueces, correguela, descarga la burra, y otros qualesquiera de suerte y azar, aunque no vayan señalados con sus propios nombres. […]
4º. Los transgresores que jueguen, y no tuvieren bienes en que hacer efectivas las penas pecuniarias que quedan referidas, estén por la primera vez diez días en la cárcel, por la segunda veinte, y por la tercera treinta; saliendo además desterrados en esta última […] (Libro XII. Título XXXIII. Ley XV "Prohibición de juegos de envite, suerte y azar, con declaración del modo de jugar los permitidos". En: Novísima Recopilación de las Leyes de España)

GallerosSin embargo, sería erróneo pensar que este tipo de controles y restricciones dejaron de recaer sobre los ciudadanos de la naciente Colombia una vez alcanzada la independencia. Por el contrario, los legisladores republicanos, más allá de la retórica renovadora e igualitaria que se suponía cobijar a la naciente estatalidad, mantuvieron en gran parte la defensa del orden social impulsado por el absolutismo ibérico, señalando el juego como causal de distracción perjudicial de los individuos (en el manejo de su tiempo y en la destinación de sus fortunas) y como fuente de desordenes y disturbios. Al mismo tiempo, utilizaron este mecanismo de control para asegurar el mantenimiento de un esquema social mediante la proscripción de las concepciones y prácticas divergentes de ese tipo de orden. Por medio de un decreto del 29 de septiembre de 1827, en el que se ordenaba perseguir los juegos prohibidos, Simón Bolívar, exponía que:

Siendo repetidas las quejas que ha recibido el Gobierno sobre el escándalo que se da en algunos lugares de la República, tolerándose que en varias casas haya juegos prohibidos, quedando impunes los que cometen este delito, con el pretexto de que no se puede allanar la casa de un colombiano, y CONSIDERANDO que si no se remedia este mal, puede ocasionar funestos resultados con la desmoralización de las costumbres y la ruina de muchos ciudadanos, ha venido en decretar y DECRETA:

Art. 1. Estando encargado a los jefes municipales por el artículo 61 de la ley de 11 de marzo del año 15º, que arregla el gobierno político de los departamentos, y por el 35 de la ley de 3 de mayo del año 16º, sobre procedimiento en las causas de hurto y robo, que no permitan haya en sus cantones vagos ni mal entretenidos, y debiendo reputarse por esta última clase todos aquellos que se dedican a los juegos prohibidos, procederán a indagar quiénes son los que en sus cantones se ocupan habitualmente de este vicio, y a seguirles el correspondiente sumario.

Art. 2. Pudiendo ser castigados hasta con la pena de presidio según el parágrafo 5º de la ley 15, del título 23, libro 12, de la Novísima Recopilación, que es la pragmática de 6 de octubre de 1771, los dueños de las casas en que se jugaren juegos prohibidos, los jefes políticos procederán a la prisión de todos aquellos que, por una sumaria información de dos testigos idóneos, resultare que permiten en sus casas tales juegos […]. (Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821)

El juego fue señalado de causar desordenes, enfrentamientos y riñas entre quienes participaban en ellos, convirtiéndose en una supuesta afrenta a la tranquilidad y a la paz de la República, y siendo por ello objeto de toda la drasticidad legislativa de los gobernantes de la época. Resulta interesante ver que en la aplicación judicial de estas medidas, la búsqueda de tranquilidad y armonía social se implementó persiguiendo las costumbres de individuos pertenecientes a los sectores populares, haciendo que sus prácticas fueran las llamadas a desaparecer en aras del florecimiento de la paz. El sistema jurídico penal que, empezaba a configurarse a inicios del siglo XIX, participó de la regularización y homogenización social criminalizando las prácticas de estos individuos, vinculándose de esta manera a la consolidación del tipo de orden pretendido por las elites criollas. De esta forma, los gobernantes de la República no sólo asumían los mecanismos de control propios del esquema de dominación colonial, sino que los promovían implementándolos legalmente, mostrando un fuerte interés frente a su criminalización, en la medida en que ésta significaba la asignación de una pena que resultaba útil para el mantenimiento del tipo de orden social que se estimaba necesario, toda vez que reprendía las costumbres de ciertos individuos señalándolas como perjudiciales para toda la colectividad. Así, se pretendía solventar la supremacía de los criollos dentro de la sociedad, manteniendo un esquema plenamente jerarquizado y legitimando su figuración como autoridad dentro del régimen nominalmente nuevo, pero instalado en la continuidad de la búsqueda del control y el orden.

 

Fuentes:
Novísima Recopilación de las Leyes de España, dividida en XII libros, en que se reforma la recopilación publicada por el señor don Felipe II en el año de 1567, reimpresa últimamente en el de 1775; y se incorporan las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones reales y otras providencias no recopiladas, y expedidas hasta el de 1804, mandada formar por el señor don Carlos IV. Madrid: Librería de Don Vicente Salvá, 1846.
Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821, hecha conforme a la ley 13 de 1912 por la Sala de Negocios Generales del Consejo de Estado, Vol. 2. Bogotá: Imprenta Nacional, 1924.

Imágenes:
1. Mesa de jugadores de naipe. Obra de José Manuel Groot (1800-1878), tomada de: www.museonacional.gov.co.
2. Galleros. Obra de Ramón Torres Mendez (1809-1885), tomada de: www.colarte.com.

 

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